Hasta el presente, el esfuerzo de la pesca se dirigió a un número limitado de reservas tradicionales que, en virtud del principio de libre acceso a los recursos, han sido objeto de una competencia incontrolada entre los países pesqueros. Estas reservas fueron, en su mayoría, sobreexplotadas, es decir, que las extracciones resultaron superiores a su capacidad de renovación con lo cual, no solamente se han consumido las ganancias, sino que el capital mismo mermó con la consecuencia de una baja constante de los rendimientos, una competencia intensificada y una multiplicación de los conflictos: en el Atlántico Norte entre Gran Bretaña e Islandia, que decidió extender sus aguas territoriales a 50 millas y luego a 200; en los EE.UU., donde la sobreexplotación de las reservas por las flotas ultramodernas rusas y japonesas llevó al Congreso a encarar la extensión a 200 millas de la zona de pesca exclusivamente norteamericana y, por último, en la costa oeste de la América latina, donde Ecuador y Perú detienen muy a menudo barcos de pesca extranjeros imponiéndoles multas cada vez más elevadas. Sin embargo, paradójicamente, desde hace varios años se ha desarrollado la cooperación internacional en el campo de las pesquerías.