La pesca ilegal es un flagelo que pone en jaque la biodiversidad y el sustento de las comunidades locales que habitan el Área Marina Protegida Seaflower. Y si bien, en 2022, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, Colombia anunció que había alcanzado la meta de proteger el 30% de su territorio marino-costero, el anuncio dejó un problema sin resolver: declarar áreas protegidas no garantiza, por sí solo, una protección real.