Argentina, como nación federal, gestiona su espacio marítimo a través de diversas autoridades. Las provincias tienen la responsabilidad de controlar las aguas territoriales, hasta 12 millas, mientras que el Estado federal administra las aguas más allá de esa distancia. Además, existen acuerdos internacionales, como el tratado con Uruguay sobre la Zona Común de Pesca, que regulan la actividad en áreas específicas.
Durante la década de los 90, la pesca experimentó un auge debido a acuerdos con flotas europeas, lo que permitió una mayor explotación de los recursos pesqueros. Sin embargo, la sobreexplotación generó un declive en la producción pesquera, llevando a una crisis en el sector. Como respuesta, Argentina promulgó la Ley Federal de Pesca en 1999, estableciendo cuotas para preservar los recursos y garantizar una pesca sostenible.
A pesar de los avances, la gestión de los recursos marinos sigue enfrentando importantes retos. La participación de múltiples actores, desde sindicatos hasta cámaras empresariales, y la implementación efectiva de las leyes son claves para asegurar la sostenibilidad del sector pesquero en el futuro.